La crisis ya no es invisible, pero España continúa siendo el país de las Maravillas

En septiembre de 2008 escribí en esta misma columna el editorial titulado: «La crisis invisible o España en el país de las maravillas». En aquella oportunidad reflexioné sobre lo que a mi entender era una verdad evidente sobre la situación sociolaboral de nuestro país, pero que a razón de nuestros gobernantes era una verdad tergiversada y sin sentido: la crisis económica nos absorbía y los recursos políticos y sociales para afrontarla eran escasos y temporales.

La crisis, era en ese momento, un recurso fatalista que en principio sólo sostenían personas retrógradas, ávidas de sembrar el caos y la desconfianza entre la población. Sin embargo, y lamentablemente, han pasado dos años y estamos sumidos en una realidad económica y laboral en extremo delicada que ha llevado al desempleo a 4.612.700 de personas, según la última Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al primer trimestre de 2010. Un dato que no registraba desde 1997.

Hace dos años hablábamos de la escasez de mano de obra cualificada y del peligro de fomentar prácticas empresariales que favorecían la jubilación anticipada como herramienta para superar la crisis, sobretodo en profesionales mayores de 50 años, ya que desencadenaría inevitablemente el incremento de la dotación presupuestaria para cubrir los costes de los subsidios de desempleo y fomentaría la precariedad laboral de los jóvenes. Incluso, hablábamos de las exigencias fiscales que deberían asumir, a corto plazo, los trabajadores en activo para sostener el sistema económico español y que traería consigo el aumento de desigualdades laborales y el incremento de la especulación basada en la economía sumergida.

Reescribir lo dicho hace dos años no es ningún mérito, al contrario, es un ejercicio frustrante que sólo comprueba que a día de hoy se repiten las mismas debilidades de un sistema laboral y económico carente de reformas estructurales, y dependiente de una clase política incapaz de acercarse a las personas y que pretende construir un país de fantasía de cara a los medios de comunicación y la opinión internacional.

Por otra parte, demuestra que seguimos siendo una sociedad carente de autocrítica, asfixiada de información y necesitada de líderes que nos representen.

Ahora bien, hoy a diferencia del 2008, la crisis es por todos asumida como una realidad patente y nuestros gobernantes han decidido enfrentarse a ella mediante un plan de control del gasto público – el déficit de las arcas del Estado supera los 110.000 millones de euros– y a través un nuevo modelo de crecimiento económico envuelto con papel ecológico y con el nombre de Economía Sostenible.

Un plan económico que aún no recibe el respaldo del Congreso y que para su puesta en marcha necesitará unas cuantas enmiendas (parciales, obviamente), principalmente en lo referente a la gestión de los presupuestos, pero que superará el trámite parlamentario con ayuda de CiU, Coalición Canaria y PNV. Apoyo político que poco y nada tiene que ver con la opinión de los representantes sociales, principalmente del tejido productivo del país, que en definitiva vienen a ser los principales implicados en la aplicación y en el desarrollo de este plan económico.

7 de cada 10 empresarios consideran que este proyecto no facilitará la transformación del modelo productivo español, según el Barómetro de Empresas elaborado a finales del 2009 por una empresa de servicios profesionales, ya que consideran que temas como el Trabajo y la Educación, factores claves para cualquier reforma, siguen pendientes de estrategias de desarrollo.

Este antagonismo de posturas deja en evidencia que este plan económico tiene una visión política y de lobby más que una perspectiva social y laboral, ya que excluye la opinión de los que tendrán que aplicar dicha normativa bajo la bandera de la innovación y la utilización del conocimiento como fuente del crecimiento.

Al parecer, y según el imaginario colectivo de nuestros gobernantes, las pymes y las grandes empresas españolas, -protagonistas de este proceso-, ya poseen las herramientas necesarias para sostener un sistema que exige agentes y subsistemas de producción que interactúan entre sí para la creación y el uso del conocimiento como vía de crecimiento económico. Pero en la práctica, las pequeñas y medianas ven en esta Ley más que una guía iluminadora para el camino de la innovación, un salvavidas tardío para solucionar los graves problemas de morosidad que afrontan (una de cada cuatro empresarios han cerrado como consecuencia de la morosidad).

La innovación no es un objetivo en sí, sino más bien la consecuencia de un proceso de reactivación y reforma de las instituciones educativas y de la formación que recibe la población activa; de un cambio en la práctica de la cultura de la población y del mercado (en como interactúan y colaboran entre sí para dar forma a nuevos espacios de conocimiento); y de una forma diferente de establecer la distribución de los recursos tanto desde la Administración Central como desde las administraciones autonómicas.

En este sentido, resulta una incognita entender cómo la clase política pretende transformar el sistema social y productivo sin contar con sus protagonistas, manteniendo un discurso ‘socialmente responsable’ cuando a su vez sostiene una política de control de gasto que golpea con fuerza al sistema de sanidad, de educación, al sistema de pensiones y al conjunto de las prestaciones sociales.

Asimismo, resulta ilógico aceptar un discurso que incide en las ventajas de trasladar la fortaleza de la economía española hacia otros sectores productivos, más sostenibles y ecológicos, estableciendo un conjunto de incentivos para el desarrollo de energía renovable promoviendo su industria – con el objetivo de que en 2020, el 20% del consumo energético final de los españoles fuera renovable-, cuando ahora y desde el Ministerio de Industria se plantea realizar un drástico ajuste de las primas destinadas a quienes, haciéndose en su momento eco de la llamada de la Administración para impulsar el desarrollo de energía sostenible, hicieron planes de inversión, a medio y largo plazo, en tecnología e instalaciones para dicho fin.

Quizás y de momento, las bases ecológicas de este plan sólo estén permitiendo a las Comunidades Autónomas afrontar el recorte del gasto público echando mano de resquicios medioambientales -promovidos por Medio Ambiente- para crear nuevos tributos y cánones sobre las energías renovables, la gestión del agua, el transporte, las actividades industriales y todas aquellas instalaciones que “inciden” en la naturaleza, y que golpean directamente a las personas y a los empresarios que más que recibir ayudas y subvenciones son castigados ‘ecológicamente’.

Bajo este contexto, habrá que pedirles a los políticos que salgan de sus despachos, de las eternas mesas de diálogo y consenso, y de sus estrambóticos meeting que organizan para darse un baño de multitudes (sus multitudes). Que se acerquen a las personas para comprobar cómo viven esto de la economía sostenible y que busquen entre los polígonos industriales la opinión de los pequeños y medianos empresarios que siquiera tienen el permiso de tener expectativas sobre la Reforma Laboral. O bien que se atrevan a conocer la opinión de los universitarios que ven cómo el recorte de financiación de las universidades, que se realizarán hasta el 2013, modificará gravemente el sistemas de becas, el gasto universitario por alumno y su acceso al mercado laboral.

En definitiva, hoy al igual que hace dos años, pero bajo un ‘slogan’ de economía sostenible y ecológica, seguimos viviendo en el país de las maravillas donde la fantasía política es un mal endémico.

Sin embargo, ya no hay tiempo para experimentos, y como bien dice el ex ministro socialista, Carlos Solchaga, al Gobierno se le acaba el tiempo para demostrar que puede hacer frente a la crisis y recuperar la credibilidad perdida y la confianza de los mercados y los ciudadanos.

Vivimos un periodo de estancamiento económico, político y social y habrá que preguntarse hasta cuándo podrán sobrevivir, en este mundo de fantasía y de contradicciones, los desempleados y los cientos de pequeños y medianos empresarios que hacen malabares para mantener a flote sus centros de trabajo.

Y nosotros, ¿hasta cuándo tendremos que seguir fingiendo que vivimos en el país de las maravillas?