La letra pequeña del Diálogo Social…

El Gobierno quiere iniciar el año con buen pie siguiendo adelante con su estrategia reformista. Quiere definir cuanto antes la puesta en marcha de la reforma de las Pensiones, retomando el diálogo con los sindicatos, hasta ahora, sus principales detractores.

De esta forma quiere evitar un nuevo ‘decretazo’, sacando adelante esta reforma con consenso y como anteproyecto de Ley en el Consejo de Ministros; frenar los vientos de una nueva convocatoria de Huelga General; y responder a las exigencias que la UE y los organismos económicos internacionales han marcado para recuperar la credibilidad económica y política perdidas en estos últimos años. Sin embargo, a diferencia de otras oportunidades, este nuevo proceso cuenta con una fecha límite: el 28 de enero de 2011.

El Ejecutivo quiere alcanzar un consenso social antes de esta fecha para mantener el mayor apoyo parlamentario posible y a su vez, no contradecir las normas internacionales sobre Seguridad Social (ratificadas hace unos años por España), que contemplan la participación sindical en aquellas cuestiones que afecten a la calidad de vida o el bienestar general de los trabajadores.

Sin embargo, los sindicatos no comulgan con esta fecha ni están dispuestos a definir sólo lo concerniente a la reforma de pensiones. Pretenden retomar el debate reformista, incluyendo la estructura de la negociación colectiva y los cambios en la Reforma Laboral.

De momento, las conversaciones que han mantenido ambas partes no se han traducido en avances significativos, más que nada porque el Gobierno impone que  la jubilación sea obligatoria a los 67 años y los Sindicatos lo rechazan tajantemente.

Una barrera que, según apunta la prensa, el Ejecutivo quiere derribar inyectando nuevas subvenciones a la propia administración central, a las CCAA y los ayuntamientos, y ejecutando una nueva reforma en el sistema de financiación para los planes formativos de 2011 destinados a los funcionarios y los empleados públicos, donde las organizaciones, como CCOO y UGT, que darán cursos de formación en 2011 no tendrán que presentar “justificación documental” de los gastos corrientes (agua, gas, electricidad, mensajería, teléfono, material de oficina, vigilancia o limpieza, entre otros).

Una estrategia que llevaría a los sindicatos a suavizar su postura y a creer, a su manera, que cualquier reforma se puede sacar adelante desde una visión social sin perjudicar sus intereses; que en nada parecen coincidir con los intereses de sus representados.

En este contexto es difícil imaginar una solución sostenible para pactar una reforma de las pensiones, sobre todo, cuando los representantes sindicales no muestran voluntad alguna de negociación más allá de los propias convicciones.

No hay duda de que la reforma del sistema de pensiones es inevitable. Pero la urgencia con que se quiere poner en marcha no justifica que se construya en base a proyecciones parciales, a golpe de talonario, o a decisiones exclusivamente partidistas. Más aun cuando su aplicación pasa de puntillas por los bolsillos de los altos cargo públicos (senadores, diputados, fiscales, consejeros, entre otros) y no vincula su efectividad al desarrollo de medidas que garanticen la generación de empleo.

A su vez, como un diálogo entre sordos, pareciera que el debate entre los agentes sociales sobre la solvencia y el futuro del sistema de pensiones, girara sólo alrededor de la ampliación de la edad de jubilación, cuando entre los puntos más conflictivos se encuentra la falta de conceso ante el establecimiento de un mercado laboral equilibrado y de políticas urgentes de empleo que permitan, como mínimo, mantener el número de cotizantes (sobre todo reincorporando a los casi 4 millones y medio de españoles en paro) y mejorar la cantidad de las cotizaciones.

Una reforma justa y equitativa debería considerar la ampliación de la esperanza de vida de los trabajadores y a su vez asumir la transformación del sistema laboral que actualmente cobija a diferentes actividades productivas y que ofrecen garantías laborales desiguales. Asimismo, debería fijar las pensiones de una forma más equitativa para el trabajador, no sólo desde el punto de vista de la ampliación de los años para el cálculo de pensiones, sino desde la consideración tanto de los mejores años cotizados como de los peores. Principalmente en el caso de las mujeres, quienes ante la exigencia de un periodo mínimo de cotización más alto, tienen más dificultades de cobrar la prestación completa, ya que habitualmente utilizan años de excedencia durante su vida laboral.

De igual forma, alcanzar la independencia de los mercados financieros sobre el sistema de pensiones requiere impulsar medidas que promuevan el acceso de los jóvenes y de las mujeres al mercado laboral. A su vez, implica desarrollar medidas de captación y recuperación de aquellos profesionales españoles, altamente cualificados, que han decidido trabajar en el extranjero por la falta de oportunidades laborales y personales en España. Actualmente, más de 1,3 millones de españoles residen en el extranjero, de los que 120.000 se han marchado desde que comenzó la crisis; muchos de ellos jóvenes expertos de entre 25 y 35 años que, además de la práctica de la medicina o la biología, proceden de áreas tan dispares como las ingenierías, la arquitectura o la informática. Una fuerza productiva que de no cambiar las cosas, en pocos años, perderemos de forma definitiva.

Por esta razón, debemos orientar nuestros esfuerzos en reconstruir nuestro país recuperando el atractivo económico para los trabajadores nacionales y para el capital extranjero, cuya afluencia, como en el pasado, alejó todo riesgo de quiebra del sistema. Para ello, es necesario el consenso político y social, sin amenazas ni condiciones políticas a largo plazo, para establecer así nuevos criterios de trabajo que fomenten el empleo sin echar mano de la cultura del pelotazo ni del chorreo que tanto daño y corrupción han provocado y que son junto a la ineficacia gubernamental los verdaderos argumentos de la crisis de valores que además padecemos en nuestro país.

Para que tales objetivos sean una realidad, tenemos que recuperar la confianza en el futuro de las pensiones y controlar que cualquier reforma que se plantee cuente con un amplio debate y consenso social con visión de futuro y no desde los intereses de unos pocos y, a ser posible, a través también de un pacto de estado con la oposición. Principalmente porque no será justo que nuestros hijos paguen por los  pecados y las decisiones de sus gobernantes y representantes.

¿Corporativismo sindical o representación de los trabajadores?

La brecha que separa a los actuales agentes sindicales de los principios que defendió Marcelino Camacho.

La figura clave del sindicalismo español de los últimos tiempos, sin duda, ha sido Marcelino Camacho. Su coherencia y conciencia social primó por sobre cualquier interés personal, lo que le permitió no claudicar en su defensa por los derechos de los trabajadores. Ni Franco ni los sucesivos gobiernos democráticos impidieron que se mantuviera firme en sus criterios y convicciones que, con mayor o menor asertividad, le llevó a crear el sindicato CC.OO. y sentar cátedra durante la construcción del movimiento sindical, la reconversión industrial y la transición a la democracia.

El homenaje por su desaparición ha sido la reacción natural de miles de personas, públicas y anónimas, que han reconocido en la figura de Camacho la defensa política y social de la vida y del trabajo para todos los trabajadores; un representante de las clases obreras que jamás se domesticó por ningún gobierno ni eligió el camino del corporativismo.

Con su pérdida, el actual movimiento sindical queda huérfano, y queda a merced de una generación que navega zigzagueante entre el corporativismo sindical y la representación de los trabajadores; una generación sindical que junto al Gobierno y la Patronal no han sido capaces de encontrar una solución definitiva al avance del desempleo ni el camino para fortalecer el mercado laboral.

Hoy por hoy, la actuación de los sindicatos se centran en la presión dentro del Diálogo Social y se preparan para reanudar una nueva mesa de Diálogo de la mano de Rubalcaba y de Valeriano Gómez, estrenados en su nuevos cargos, uno como vicepresidente primero del gobierno y el otro como ministro de trabajo, quienes desean un nuevo pacto con los agentes sociales antes del mes de marzo del próximo año, fecha en la que el Gobierno debe aprobar el proyecto de Ley de la reforma de la negociación colectiva con el consenso de todos los agentes, si no quiere legislar otra vez, a golpe de Decreto.

Los sindicatos vuelven a tener la oportunidad de ejercer su derecho de ‘representación de los trabajadores’ satisfechos por el guiño que el Gobierno les ha dado a través del nombramiento de Valeriano Gómez, manteniendo la presión de ‘los conflictos abiertos’ y la advertencia de una nueva convocatoria de Huelga General para el mes de diciembre.

Junto a ellos, en torno a la mesa, se ubicará un Ministro del Trabajo que, aunque públicamente ha señalado que defenderá la puesta en marcha de la Reforma Laboral, ha estado afiliado a UGT desde hace casi dos décadas y ha participado en la pasada la Huelga General del 29 de septiembre, y un recién estrenado representante de la Patronal, quien liderará, en principio, una profunda remodelación dentro de la estructura de representación de la CEOE en cuanto a su junta directiva, financiación y esquemas de poderes internos. Cambios que pueden devolverle la representatividad perdida o erosionar definitivamente su fortaleza por la divergencia interna.

Bajo este marco, sin duda viviremos un otoño agitado, pero sin mayores cambios a nivel de resultados; por lo que más que esperar un pacto que nos devuelva la estabilidad laboral, seremos testigos, nuevamente, de cómo los propios convocados al diálogo boicotearan su realización; un resultado que dejará en evidencia la falta de autocrítica que existe desde las propias estructuras internas de los sindicatos, y de la falta de control por parte de los propios trabajadores representados que desean una pronta regeneración del sistema laboral.

Para desatascar el diálogo social es necesario que sus componentes se aparten de corporativismo y vuelvan a la representación de los intereses de sus representados. Hecho que en el caso de los sindicatos sería una misión épica ya que, contrariamente a los valores que defendían íconos sindicales como Marcelino Camacho, Julián Ariza y Nicolás Redondo, éstos han recibido de forma periódica y sostenida financiación aportada por el Gobierno (en 2009 se calcula que los sindicatos recibieron 193 millones de euros), desencadenando inevitablemente la infección del corporativismos en sus entrañas y que ha permitido a sus dirigentes, incluso durante la propia crisis, mantener una estructura anacrónica que adolece de las herramientas para adaptarse a las nuevas exigencias del mercado empresarial, social y económico.

El silencio encubierto desde el corporativismo que practican los sindicatos,  impide que se debata abiertamente sobre cómo cambiar el modelo interno de representación sindical para que vuelva a alinearse con los intereses reales de los trabajadores que pretenden representar, y a su vez, aporten valor a la cadena productiva del país y al diálogo social.

Del mismo modo en que actualmente las empresas que desean ser competitivas trabajan en función de objetivos, aportando flexibilidad y sentido de colaboración entre quienes la componen, los agentes sindicales deberían trabajar en el mismo sentido, descentralizando sus acciones de representación para establecer un nuevo marco de trabajo con sus propios representados, así como con la Patronal y el Gobierno de turno.

Pero actualmente, ¿serían capaces de plantear estrategias que aporten valor al crecimiento profesional de sus representados?, ¿serían capaces de ver la formación destinada a los trabajadores en activo y a los desempleados con un sentido estratégico, más qué con una visión mercantil?, ¿serían capaces los actuales sindicalistas de dar un paso al lado para que nuevas generaciones lideraran este cambio? Y finalmente, ¿serían capaces de llegar a la unidad sindical o mejor aún, abandonar los esquemas de funcionamiento heredados del sindicalismo vertical para dar paso a una federación de sindicatos profesionales?

De momento, una reforma de estas características no entra en sus planes de futuro, ni aún cuando por mantener esta jerarquización los sindicatos se alejen de las nuevas generaciones de trabajadores profesionales (desencantados tanto de la política como del propio sistema económico), quienes escasamente los vemos como nuestros representantes naturales.

Por esto, a los actuales representantes sindicales les vendría bien reflexionar y analizar a cuánta distancia se encuentran de los valores que defendían personas como Marcelino Camacho, y si les ha valido la pena avanzar en el corporativismo en demerito de la representación de los trabajadores. Les vendría bien asumir que no es un asunto basado en perpetuarse en el poder, sino de facilitar un proceso de transformación que garantice responder a las nuevas exigencias de la sociedad y la economía, sobre todo porque ya no luchamos contra sistemas totalitarios ni empresarios oligarcas, sino que estamos obligados a colaborar en función de una realidad globalizada que cambia constantemente, y más en nuestro país, dónde el tejido industrial está desaparecido y la mayoría de los emrpesarios son sólo microempresarios, autónomos y emprendedores…

Para defender la igualdad y los derechos de los trabajadores, como siempre hizo Marcelino Camacho, hay que actuar en coherencia, y para ello los sindicatos deberían plantearse si la duplicidad de representación sindical que ejercen actualmente es una necesidad o más bien un arma de poder a favor de los partidos políticos, cuando la base social y económica que actualmente defienden es la misma. Asimismo podrían dar un guiño a la sociedad sobre un compromiso social, reformando el actual sistema de sindicalistas liberados que, entre instituciones oficiales y empresas de carácter privado, representan la plantilla más numerosa de nuestro país después de la de la Administración. Y a su vez, podrían plantearse gestionar de forma más equitativa el patrimonio histórico que poseen y que recibieron en restitución o compensación de los bienes y derechos incautados como consecuencia de la Guerra Civil.

Los agentes sociales deben recuperara la coherencia y alejarse de transfuguismos. Volver a los principios que guiaron su creación: la defensa de la vida, la paz y de la libertad, para así conseguir la verdadera igualdad de los trabajadores. Pero esto hay que conquistarlo, porque como decía Camacho, “ni el trabajo, ni el pan, ni el futuro, se regalan”.

Hoy lamentamos la pérdida de un representante de los trabajadores que se alejó del corporativismo, pero será nuestra la responsabilidad mantener viva su memoria, así como sus principios entre las nuevas generaciones, ya que más allá de la posición política, Marcelino Camacho hizo de la coherencia un valor inalterable y que actualmente se encuentra en extinción.

Todo hay que decirlo, Marcelino vivió de forma estoica toda su vida como buen soriano, pero al final, me refiero de los años 70, también se plegó a la realidad económica, social y sobre todo política de su tiempo. De ello tienen mucho que contar Juan Echevarría y Martín Villa , todavía vivos; pero no le voy a dar ninguna pista a Pedro J. Ramirez. La fundación laboral de los trabajadores de Motor Ibérica se creó como consecuencia o solución, entre otras, a la paz sindical de ese momento, y por supuesto, tuvo un precio. Espero que los herederos de Marcelino disfruten de su herencia y que la clase sindical, heredera a su vez de aquellos principios, contribuya a la reforma del sistema.

El acuerdo del decreto o el decreto del acuerdo…¡esa es la cuestión de la Reforma Laboral!

Todo el sentido común y la responsabilidad respecto al Diálogo Social, al acuerdo y la comunión política que nos exigía el Gobierno Central hace unos años para entender su estrategia política y económica para superar la crisis y frenar el avance del desempleo ha desaparecido. Se ha esfumado por la propia contradicción de su discurso desde que se inició la crisis y por el resultado estéril de su filosofía del consenso que, a día de hoy, sólo ha desencadenado la puesta en marcha de un decreto-ley con medidas de ajuste para contener el gasto público, sin el apoyo del Congreso, y la aprobación de una Reforma Laboral sin tener el acuerdo de los Agentes Sociales.

Al final, los grandes y pequeños problemas que afronta nuestro país empiezan a resolverse a golpe de decreto. Y puede que ésa también sea la única forma en la que desde ahora, comience a funcionar la política del Gobierno.

No obstante, esta velocidad reformista pierde fuerza cuando se trata de reformar otros ámbitos tan importantes como el laboral. Las reformas al sistema financiero siguen siendo lentas, el sistema judicial no cuenta aún con los recursos necesarios para castigar la corrupción política y empresarial, y no contamos con una reforma educativa que promueva la colaboración empresarial y territorial para facilitar la transición hacia un nuevo modelo social, económico y laboral.

Sin duda, reformar el sistema financiero es un asunto delicado. Sin embargo, el objetivo es reforzarlo y no castigarlo ni estigmatizarlo como muchos pueden creer; consiste en regularlo y garantizar su solidez para que no se frene la financiación, tan necesaria para reactivar la economía, pero que por culpa del aumento de la morosidad se ve en riesgo.

Como señala el periódico británico, ‘The Economist’, nuestro país ha pedido mucho tiempo en esta materia y actualmente se encuentra sumergido en un largo y engorroso proceso de reestructuración; amén de la telenovela de fusiones que viven actualmente las cajas de ahorro, (que significan la mitad del sistema financiero), por no haber impulsado antes medidas que sanearan sus cuentas, sacando a la luz todos los activos tóxicos de sus balances y despolitizando sus órganos de dirección. Situación que a medio y largo plazo, entorpecerá el ritmo de ajuste de la economía.

El interés personal, territorial y partidista y el sin sentido político, más que el sentido común, han encubierto el delicado estado de salud de un sector financiero sobredimensionado (España cuenta con un 30% más de bancos y cajas de las que realmente necesita). Pero el lobby financiero es fuerte y aunque hace bastantes meses el Fondo para la Reestructuración Bancaria (FROB) ya nos advertía de la necesidad de impulsar medidas que permitieran la despolitización y la profesionalidad de este tipo de entidades, se ha retardado cualquier reforma amparada por los movimientos internos de las comunidades autónomas y por la excesiva discreción del Banco de España.

La reestructuración del sistema financiero es tan importante como lo es establecer pautas más claras sobre transparencia (que viene a ser lo mismo que ‘mayor información’) para que las cajas y los bancos dejen de jugar constantemente con las modificaciones del crédito y de maquillar los datos de su morosidad. Aunque también es verdad que los Bancos, en su mayor parte, han reflejado estos datos en sus resultados, pero no así las Cajas.

No es fácil regular un sistema en el que los bancos son el motor de la economía, más si la amenaza de que cualquier regulación desencadene disponer de menos dinero para prestar y por tanto se dificulte aún más la concesión de créditos…y con ello la salida de la crisis. Pero es tan necesaria una reforma financiera como una Reforma Laboral, ya que éste es el cerebro de cualquier economía, un mecanismo que, bien ajustado, permite la asignación correcta de capital para que se continúen construyendo fábricas, viviendas y carreteras, se abran nuevas empresas y se consoliden las pymes…y por ende, el sistema genere más empleo. Y una mala reforma, con propuestas populistas, improvisadas, con el único objetivo de calmar a la opinión pública, lo que garantizaría otra vez sería una nueva crisis.

Por su parte, al igual que una reforma laboral y financiera debería existir la voluntad política de acabar con el lastre de la corrupción en el sector público y privado, dejando de lado la mala costumbre de sólo discutir quién tiene mayor responsabilidad en este tema ante la opinión pública y permitiendo que la justicia actúe en libertad para que pueda identificar, intervenir y castigar el mal uso de los fondos públicos y privados.

Asimismo, necesitamos reformas que cuiden y controlen las áreas de riesgo como son la contratación, urbanismo, la gestión de ingresos y de recursos públicos, la financiación de los partidos políticos, las subvenciones, etc., para luchar contra estas prácticas que degradan el sistema democrático.

Actualmente, hay 800 imputados en delitos relacionados con la corrupción en España entre políticos, funcionarios y empresarios, y España ocupa el puesto 32 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2009 de Transparency International. Dentro de la Europa Occidental superamos a Portugal, Italia y Grecia, pero estamos por debajo de los restantes países y también de otros países del Este como Estonia o Eslovenia y países latinoamericanos como Chile o Uruguay.

Más allá de interés político, nuestro sistema democrático necesita de mecanismos de control orgánico, normativo, parlamentario y político donde el principio de transparencia (nuevamente: mayor información), sea el que encabece cualquier acción; asimismo, necesita que los partidos políticos salgan de su rigidez tradicional de la administración pública que fomenta una alta politización de la administración y de nuevos mecanismos institucionales donde, por ejemplo, la selección de empleados públicos y el establecimiento de su continuidad dependan de su competencia o mérito más allá de su lealtad política.

Poner en marcha reformas para regular mejor el sistema laboral y financiero y establecer mecanismos que bloqueen la corrupción significa poner en marcha reformas estructurales, más allá del debate político y partidista.

Reformas que de llevarse a cabo, garantizarán la reactivación de la economía de una forma sostenible y la generación de empleo; pero de quedarse estancadas seguiremos creciendo a ciegas y nos llevarán a repetir la misma historia….lo que significará que continuaremos dando palos de ciego y siendo guiados por los mismos tuertos de siempre.

Por nuestra parte, hemos estado alerta y cumpliendo nuestro rol de llevar al debate entre los profesionales de RRHH las acciones de nuestros gobernantes. Y, aunque en esta función nos hemos ganado más de un calificativo desde el pesimismo derrotista, hemos seguido en este objetivo.

El próximo 16 de junio tendremos el decreto del acuerdo o el acuerdo del decreto, no sabemos todavía si edulcorado o con las victorias de la roja en el mundial y con una incapacidad de movilización sindical que por su ‘pecebrismo’ quedarán vacías de contenido. No nos quedará otra que comenzar de nuevo… y para comenzar sólo hay un camino: adelantar el proceso electoral.

Por cierto, les invito a leer de nuevo el editorial que publicamos en noviembre de 2008 en nuestro medio online http://www.rrhhMagazine.comy que me digan ahora si todo lo que allí aparecía eran o no propuestas de medidas derrotistas; se sorprenderán de su vigencia… y mira que me da rabia, como siempre, de acertar.