El largo camino hacia la responsabilidad política y la recuperación laboral

A principios de año el diálogo social formaba el punto de partida de todas las medidas laborales que se desarrollarían para superar la crisis económica. Se hablaba que la agenda sería «amplia» y que el Gobierno oiría todas las propuestas. Sin embargo, al poco tiempo, el consenso llegó a su fin y los cambios en el mercado laboral así como las medidas de ajuste económico se aprobaron a golpe de Ley.

La falta de claridad en el camino de la recuperación ha desencadenado, entre otras cosas, el cambio y la eliminación de ministerios, el retiro del férreo apoyo que los sindicatos brindaban al Gobierno desde las elecciones en 2004, una reorganización interna en la patronal, la voz de alarma entre los jóvenes, las mujeres y los empresarios autónomos ante el avance del desempleo y la destrucción de pequeñas y medianas empresas.

Un escenario que se intenta reconducir llamando otra vez al diálogo social, apelando a la responsabilidad social y política, y cumpliendo con las directrices que Europa, el FMI, la OCDE y el Banco de España exigen para recuperar la confianza externa y el valor de mercado. Desafíos que nos llevarán a vivir en 2011 nuevos momentos de tensión política y social, más cuando el 28 de enero tendrá que estar aprobada la reforma de las pensiones y los sindicatos anuncian nuevas movilizaciones.

En este contexto tenemos que seguir trabajando por mantener en nuestras empresas una organización del trabajo con criterios de productividad que respondan a las necesidades de la empresa sin descuidar las necesidades de las personas que ven, en sus organizaciones, uno de los pocos puntos de confianza para afrontar el futuro.

Por nuestra parte, desde http://www.rrhhMagazine.com, y la revista AprendeRH, tan sólo nos queda desearle un feliz fin de año junto a los suyos y infundirle ánimos para continuar superando los altibajos y ‘coletazos’ derivados de la crisis.

El acuerdo del decreto o el decreto del acuerdo…¡esa es la cuestión de la Reforma Laboral!

Todo el sentido común y la responsabilidad respecto al Diálogo Social, al acuerdo y la comunión política que nos exigía el Gobierno Central hace unos años para entender su estrategia política y económica para superar la crisis y frenar el avance del desempleo ha desaparecido. Se ha esfumado por la propia contradicción de su discurso desde que se inició la crisis y por el resultado estéril de su filosofía del consenso que, a día de hoy, sólo ha desencadenado la puesta en marcha de un decreto-ley con medidas de ajuste para contener el gasto público, sin el apoyo del Congreso, y la aprobación de una Reforma Laboral sin tener el acuerdo de los Agentes Sociales.

Al final, los grandes y pequeños problemas que afronta nuestro país empiezan a resolverse a golpe de decreto. Y puede que ésa también sea la única forma en la que desde ahora, comience a funcionar la política del Gobierno.

No obstante, esta velocidad reformista pierde fuerza cuando se trata de reformar otros ámbitos tan importantes como el laboral. Las reformas al sistema financiero siguen siendo lentas, el sistema judicial no cuenta aún con los recursos necesarios para castigar la corrupción política y empresarial, y no contamos con una reforma educativa que promueva la colaboración empresarial y territorial para facilitar la transición hacia un nuevo modelo social, económico y laboral.

Sin duda, reformar el sistema financiero es un asunto delicado. Sin embargo, el objetivo es reforzarlo y no castigarlo ni estigmatizarlo como muchos pueden creer; consiste en regularlo y garantizar su solidez para que no se frene la financiación, tan necesaria para reactivar la economía, pero que por culpa del aumento de la morosidad se ve en riesgo.

Como señala el periódico británico, ‘The Economist’, nuestro país ha pedido mucho tiempo en esta materia y actualmente se encuentra sumergido en un largo y engorroso proceso de reestructuración; amén de la telenovela de fusiones que viven actualmente las cajas de ahorro, (que significan la mitad del sistema financiero), por no haber impulsado antes medidas que sanearan sus cuentas, sacando a la luz todos los activos tóxicos de sus balances y despolitizando sus órganos de dirección. Situación que a medio y largo plazo, entorpecerá el ritmo de ajuste de la economía.

El interés personal, territorial y partidista y el sin sentido político, más que el sentido común, han encubierto el delicado estado de salud de un sector financiero sobredimensionado (España cuenta con un 30% más de bancos y cajas de las que realmente necesita). Pero el lobby financiero es fuerte y aunque hace bastantes meses el Fondo para la Reestructuración Bancaria (FROB) ya nos advertía de la necesidad de impulsar medidas que permitieran la despolitización y la profesionalidad de este tipo de entidades, se ha retardado cualquier reforma amparada por los movimientos internos de las comunidades autónomas y por la excesiva discreción del Banco de España.

La reestructuración del sistema financiero es tan importante como lo es establecer pautas más claras sobre transparencia (que viene a ser lo mismo que ‘mayor información’) para que las cajas y los bancos dejen de jugar constantemente con las modificaciones del crédito y de maquillar los datos de su morosidad. Aunque también es verdad que los Bancos, en su mayor parte, han reflejado estos datos en sus resultados, pero no así las Cajas.

No es fácil regular un sistema en el que los bancos son el motor de la economía, más si la amenaza de que cualquier regulación desencadene disponer de menos dinero para prestar y por tanto se dificulte aún más la concesión de créditos…y con ello la salida de la crisis. Pero es tan necesaria una reforma financiera como una Reforma Laboral, ya que éste es el cerebro de cualquier economía, un mecanismo que, bien ajustado, permite la asignación correcta de capital para que se continúen construyendo fábricas, viviendas y carreteras, se abran nuevas empresas y se consoliden las pymes…y por ende, el sistema genere más empleo. Y una mala reforma, con propuestas populistas, improvisadas, con el único objetivo de calmar a la opinión pública, lo que garantizaría otra vez sería una nueva crisis.

Por su parte, al igual que una reforma laboral y financiera debería existir la voluntad política de acabar con el lastre de la corrupción en el sector público y privado, dejando de lado la mala costumbre de sólo discutir quién tiene mayor responsabilidad en este tema ante la opinión pública y permitiendo que la justicia actúe en libertad para que pueda identificar, intervenir y castigar el mal uso de los fondos públicos y privados.

Asimismo, necesitamos reformas que cuiden y controlen las áreas de riesgo como son la contratación, urbanismo, la gestión de ingresos y de recursos públicos, la financiación de los partidos políticos, las subvenciones, etc., para luchar contra estas prácticas que degradan el sistema democrático.

Actualmente, hay 800 imputados en delitos relacionados con la corrupción en España entre políticos, funcionarios y empresarios, y España ocupa el puesto 32 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2009 de Transparency International. Dentro de la Europa Occidental superamos a Portugal, Italia y Grecia, pero estamos por debajo de los restantes países y también de otros países del Este como Estonia o Eslovenia y países latinoamericanos como Chile o Uruguay.

Más allá de interés político, nuestro sistema democrático necesita de mecanismos de control orgánico, normativo, parlamentario y político donde el principio de transparencia (nuevamente: mayor información), sea el que encabece cualquier acción; asimismo, necesita que los partidos políticos salgan de su rigidez tradicional de la administración pública que fomenta una alta politización de la administración y de nuevos mecanismos institucionales donde, por ejemplo, la selección de empleados públicos y el establecimiento de su continuidad dependan de su competencia o mérito más allá de su lealtad política.

Poner en marcha reformas para regular mejor el sistema laboral y financiero y establecer mecanismos que bloqueen la corrupción significa poner en marcha reformas estructurales, más allá del debate político y partidista.

Reformas que de llevarse a cabo, garantizarán la reactivación de la economía de una forma sostenible y la generación de empleo; pero de quedarse estancadas seguiremos creciendo a ciegas y nos llevarán a repetir la misma historia….lo que significará que continuaremos dando palos de ciego y siendo guiados por los mismos tuertos de siempre.

Por nuestra parte, hemos estado alerta y cumpliendo nuestro rol de llevar al debate entre los profesionales de RRHH las acciones de nuestros gobernantes. Y, aunque en esta función nos hemos ganado más de un calificativo desde el pesimismo derrotista, hemos seguido en este objetivo.

El próximo 16 de junio tendremos el decreto del acuerdo o el acuerdo del decreto, no sabemos todavía si edulcorado o con las victorias de la roja en el mundial y con una incapacidad de movilización sindical que por su ‘pecebrismo’ quedarán vacías de contenido. No nos quedará otra que comenzar de nuevo… y para comenzar sólo hay un camino: adelantar el proceso electoral.

Por cierto, les invito a leer de nuevo el editorial que publicamos en noviembre de 2008 en nuestro medio online http://www.rrhhMagazine.comy que me digan ahora si todo lo que allí aparecía eran o no propuestas de medidas derrotistas; se sorprenderán de su vigencia… y mira que me da rabia, como siempre, de acertar.

Que viene el lobo…, o como se le ven las orejas a ZetaParo!

Retrasar la edad legal de jubilación, ¿es necesario? Sin duda. Desde hace meses organizaciones internacionales y nacionales como el Banco Mundial, la OCDE, la Comisión Europea, el propio Banco de España o el Círculo de Empresarios aconsejan profundas y urgentes modificaciones en nuestro actual sistema de pensiones.

Alargar progresivamente la edad de jubilación no es una propuesta desconocida; de hecho, el pacto de Toledo ya la contempla y casi todos los países avanzados de Europa están desarrollando medidas en ese sentido para superar los 65 años como edad de jubilación. Por tanto, el anuncio de ZP, más que una propuesta transgresora y vanguardista, viene a ser un capítulo a sumar en su particular Epopeya para salvar a España de un enemigo aún por definir.

Ante esto, la pregunta que todos nos hacemos ahora es qué le pasa o qué no le pasa para ir dando tanto palo de ciego, a ciegas, o a todos, como si fuéramos ciegos…

Para todos aquellos que todavía no se han dado cuenta o no quieren darse cuenta, les digo que vivimos un cambio profundo no sólo en el sistema productivo, si no también en la socialización de ese cambio. Por ello es urgente plantear nuevas bases reguladoras, en este caso, para adecuarnos a esta nueva realidad y para racionalizar el sistema de pensiones, porque si bien hoy formamos parte de una pirámide de población activa que cuenta con una base sólida de cotizantes, suficiente como para dar respuesta a los actuales pensionistas, en 30 años más, amén del envejecimiento de la población y de la lentitud con la que los jóvenes comienzan a trabajar, sufriremos niveles de dependencia masiva y una grave carencia de capital humano que sustente el sistema.

Por lo tanto, el anuncio de Zapatero tiene sentido en el estricto contexto de la búsqueda de un proceso que garantice la viabilidad del sistema de pensiones en los próximos 40 años; de contrario, se haría insostenible el ritmo de crecimiento del gasto público, produciéndose no sólo la quiebra del estado del bienestar, si no la del Estado. Sin embargo, plantear de forma unilateral su reforma en un contexto sociolaboral que ni siquiera ha sido capaz de afrontar y poner en marcha una Reforma Laboral para superar la crisis, todavía no sabemos si a través del pacto o a golpe de decreto, bloquea cualquier transformación estructural a largo plazo.

La sin razón de la precipitada necesidad de afrontar esta reforma, originada sin duda por los varapalos a nivel internacional, cosechados en estas últimas semanas y desde que se estrenara en su cargo de Presidente europeo, abriendo el debate sobre la necesidad de recortar el gasto en pensiones sin siquiera revisar o dar cuentas de la efectividad y aplicación de las medidas hasta la fecha aplicadas, como las estipuladas en el Acuerdo de Pensiones alcanzado en 2006 ( que estipulaba integrar los regímenes especiales en el Régimen General de la SS, acordar el procedimiento de acceso a coeficientes de reducción de edad de jubilación para trabajos especiales, entre otros temas y cumplir con el objetivo de alcanzar los 65 años como edad de jubilación, entre otros), no nos deja más razones que la de desconfiar de este arranque de gallardía de Zapatero y cuestionar la utilización política que está haciendo y hará de este tema de cara a afrontar cualquier otra reforma del sistema laboral.

De momento, la decisión de anunciar una reforma de esta envergadura sólo ha conseguido extremar las posturas entre los Agentes Sociales, golpear la escasa moral de los trabajadores que se encuentran en desempleo e incrementar la incertidumbre de una sociedad que al parecer se queda sin voz.

La viabilidad y puesta en marcha de esta medida, que ahora se vende como propuesta para el consenso, es incierta, ya que los sindicatos han anunciado que harán todo lo posible para que no prospere en el Parlamento y, desde el propio interior del PSOE se sienten voces de recelo que no ven con buenos ojos la puesta en marcha de una medida tan impopular de cara a las próximas elecciones autonómicas, antesala implacable de la elecciones Generales.

Ante esta respuesta social y política, tras la embestida reformista de ZP, más bien propia de la ‘McDonalización’ del PSOE en estos últimos cinco años, ya han aparecido desde la Administración voces que intentan matizar y ampliar el objetivo de esta iniciativa. De hecho, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ante una posible huelga de sindicatos, se apuraba en señalar que tal reforma continua “abierta” y que “puede ser matizada” en la comisión no permanente del Pacto de Toledo. A buenas horas Sra. Ministra. ¿Y qué me dicen de los documentos que se han filtrado en la Comisión Europea…?

Sin embargo, y pese al anuncio de los matices, el Gobierno ya abrió la caja de Pandora de las pensiones sin tener necesidad de hacerlo, porque ya en el año 1995 se establecieron las líneas de actuación y de reforma para este sistema, acordando además excluir de la coyuntura política su debate, siendo el Parlamento y después el Diálogo Social los canales de consenso en esta materia.

Es difícil establecer un patrón lógico de acción en la actitud que hoy demuestra el Gobierno, en primer lugar porque para mejorar las cuentas de la Seguridad Social a corto y mediano plazo aún queda mucho por reformar y por hacer más allá de cargar en los trabajadores, nacionales y extranjeros, esta misión. En este sentido aún se echan en falta medidas claras para afrontar la economía sumergida, el fraude fiscal y las contrataciones fraudulentas, incluidas las que licita la propia administración y para reducir las prejubilaciones voluntarias, éticamente cuestionables (incluyendo las de los políticos, banqueros, directivos de grandes empresas, funcionarios y militares). Y en segundo lugar, porque para conseguir alargar la edad de jubilación de forma viable y coherente se debe corregir la falta de equidad del sistema a través iniciativas que ya fueron presentadas a través del Pacto de Toledo y que aún no se han materializado principalmente por falta de voluntad política.

Así, antes de pensar en extender la edad de jubilación, debemos conseguir que la base reguladora para el cálculo de la pensión considere y se extienda a todo el periodo contributivo, hacer desaparecer el número mínimo de años de cotización para tener derecho a la pensión, augurando así un mejor futuro a quienes quedan en paro al final de su vida activa y jubilando a las personas cuando cumplan los 65 años y no antes, abriendo para quienes así lo deseen la posibilidad de alargar voluntariamente su edad de jubilación. Asimismo, se deben establecer nuevos incentivos para alargar la vida laboral con el fin de que las empresas dejen de preferir las constantes renovaciones de plantilla a través de los malditos ERE de extinción por su bajo coste, incrementando el porcentaje que se suma a la cotización de quienes deciden prolongar su vida laboral, o considerando el hecho tener hijos como años de cotización, como ocurre en Francia.

Ignorar las múltiples grietas que existen dentro del esquema que configuran y garantizan la estabilidad de nuestro sistema de pensiones pone en riesgo, además de la estabilidad económica y laboral del país, la estructura ética y social de una población que en poco tiempo vivirá, inevitablemente, conflictos entre generaciones, ya que, por un lado, demandarán un mayor poder adquisitivo llegada su edad de jubilación, y por otro, se sentirán masacrados por la excesiva fiscalidad que les dejará lo justo para vivir.

Un tiempo en el que se pondrá en entredicho la solidaridad que hasta ahora sustenta el sistema público de pensiones, y que exige que hoy encontremos el modo de consensuar medidas que, a mediano plazo, garanticen la empleabilidad de los profesionales mayores de 50 años y eviten las salidas prematuras de la actividad laboral. De lo contario las diferencias a futuro se reproducirán en la convivencia social, con ciudadanos de primera y segunda o lo que es igual más ricos unos pocos y más pobres gran parte de nosotros.

Si, sí, dije bien lo de la McDonalización de nuestros políticos, por ello no quiero hablar de posmodernidad ni de globalización. Eso se lo dejo a los banqueros, que ayudados de tanto McDonalizado se siguen riendo de todos nosotros y en primer medida de los Estados.

Por último, seguramente, el debate generacional resulta aburrido y generalista, pero no por ello menos importante ya que de esto depende nuestra calidad de vida en los próximos años y de cómo se estructure el país. La prolongación de la edad de jubilación a golpe de Ley no llegará a ninguna parte, o bien, de ocurrir el caso, sin las garantías necesarias para la distribución equitativa y justa del gasto público, desencadenará una serie de reacciones adversas más allá de la continuidad del Diálogo Social y efectos que aunque hoy no nos afecten directamente, sí dejarán para nuestros hijos un amargo sabor de boca.