Inicio > Empresas, Igualdad, política, Recursos Humanos, RRHH > “Justicia sí, pero por mi casa, no”

“Justicia sí, pero por mi casa, no”


La Oficina Antifraude de la Unión Europea (OLAF) se encuentra en nuestro país investigando los casos de fraude que distintas empresas andaluzas han cometido con las ayudas europeas destinadas a fomentar el empleo en Andalucía. Su intervención, viene a apoyar la investigación que realiza desde hace un tiempo la Guardia Civil en coordinación con la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y que hasta ahora implica a 800 empresas andaluzas, desde 2008.

Hasta el momento, la primera parte de la investigación realizada por la Guardia civil da cuenta de 6.000 expedientes abiertos en las ocho provincias y presume que el fraude puede ascender a más de 23 millones de euros. Asimismo describe que, el ‘modus operandi’ de una gran parte de estas empresas, consistía en la contratación de trabajadores y su posterior despido una vez que cobraban el dinero, cuando el compromiso para percibir dicha subvención consistía en mantenerlos en plantilla durante cuatro años.

Sin embargo, la mayoría de las empresas sospechosas sólo habrían cometido infracciones administrativas, ya que la cantidad defraudada no alcanzaría individualmente la cantidad necesaria para que el hecho sea considerado delito, aunque los responsables de la investigación estudian si los responsables de estas infracciones lo hicieron en más de una ocasión para tipificar así el delito como fraude continuado, y si ha existido una relación entre estos empresarios con distintos organismos de la Junta de Andalucía.

Con independencia de la visión política con la que se analice este problema, lo concreto (y lo grave), es que un organismo europeo creado para combatir el fraude, la corrupción y cualquier actividad irregular, incluidas las que comenten las instituciones europeas, interviene directamente en esta investigación, en España, echando por tierra las declaraciones de absoluta inocencia por parte de los miembros de la Junta de Andalucía, quienes hoy responsabilizan de todo este entramado directamente al Ministerio de Trabajo.

Esta nueva línea de investigación (y escándalo) se suma a la serie de casos de presunta corrupción que se cierne sobre la comunidad autonómica; añadiendo una nueva arista al complejo entramado de escándalos generados por los ERE de Mercasevilla, EGmasa, Cárnicas Molina y la financiación fraudulenta de múltiples prejubilaciones gestionadas por la Junta, y que han llevado hasta el absurdo los criterios por los que algunos personajes han podido beneficiarse del dinero público. Hechos, que además de dañar la imagen de toda una Comunidad, ponen en jaque la continuidad de las ayudas europeas cuando Andalucía registra una de las tasas de paro más altas de España.

Hasta que la investigación no finalice, la Junta no ha cometido ninguna acción delictiva, pero ya comienza a filtrarse información que deja en entredicho su inocencia, considerando que entre 2001 y 2010 al menos tres consejerías estaban al corriente de los gastos que se destinaban a financiar a empresas en crisis y ERES que no cumplían con la Ley General de Hacienda Pública de la comunidad autónoma de Andalucía, dejando en evidencia un comportamiento negligente al no realizar las comprobaciones oportunas, ni las inspecciones necesarias para atajar la impunidad con que actuaban; sin olvidar a los representantes sindicales, quienes amparados en el secretismo, han gestionado durante todos estos años y con absoluta discreción servicios de intermediación y de asistencia técnica ante la firma de cada ERE y prejubilación.

Ahora bien, ante la fuga de información, la Junta comienza a develar algunos de los nombres implicados en estas tramas, dando cuenta que entre ellos existen lazos familiares, partidistas y ‘amiguistas’ tan delirantes como los que escribió García Márquez para crear Macondo. Sin embargo, los protagonistas de esta nueva trama, entre ellos viudas, primos, cuñados, suegros y hasta consejeros, y que, supuestamente, han cobrado cientos de miles de euros, niegan tener el dinero, dejando abierta una serie de incógnitas que, de momento, no tienen explicación.

Pero, si ellos no han sido, ¿dónde está ese dinero y quiénes son los suplantadores?, ¿dónde está la Fiscalía Anticorrupción y la Inspección de Trabajo y la Agencia Tributaria para dar luz al asunto? y ¿quién se responsabilizará de que ese dinero vuelva a su sitio?, Porque, regresará, ¿verdad?, ja, ja, ja.

Porque mientras se destinan múltiples recursos económicos, técnicos y humanos para desenredar la madeja creada por cada ‘irregularidad administrativa’ y hasta que no se recupere ese dinero, son cientos de empresas y pymes andaluzas las que siguen escuchando que por falta de ‘presupuesto’ no pueden percibir las ayudas que por Ley les corresponden, cuando cumplen con los requerimientos legales y administrativos para recibirlos,… échense a dormir.

Porque aquí el problema, además de saber quién es quién en las tramas de corrupción, es que no existe la certeza de que ese dinero regresará; más, cuando las autoridades responsables de fiscalizar cada caso se muestras sobrepasadas en sus competencias por la intervención política que se cierne sobre ellos. Realidad que retrasa la revisión de cada caso y el retorno del dinero malversado; mientras, en la calle, se agudiza la fiscalización y la recaudación de dinero a costa de los ciudadanos, amén de las subidas sucesivas de impuestos, del aumento en las tarifas de la luz o el tabaco, del cierre de chiringuitos en la playa y de las multas por velocidad, por fumar o por descargar contenidos en Internet, entre otras menudencias…

Ante este escenario, sería importante que la Inspección del Trabajo y la Agencia Tributaria intensificaran su labor para frenar los abusos que se siguen cometiendo, sobre todo a alto nivel, y que actúen de forma automática ante cualquier indicio de irregularidad, con independencia de la comunidad donde se produzca, destinando el mismo empeño que hasta ahora han demostrado en su cruzada por sacar a la luz la economía sumergida sustentada por orquestas de ferias vecinales que no están dadas de alta o por hacer cumplir la Ley de desigualdad,…qué digo, la de Igualdad en empresas y pymes.

Desde la responsabilidad política, tendrán que empezar a desfilar por la puerta todos aquellos responsables de esta debacle, y ser juzgados con los mismos criterios con que se están siguiendo en otros casos abiertos de corrupción, ya que no es de sentido común que una imputación sea para algunos una garantía de ‘inocencia’ y para otros, todo lo contrario, vid la de los trajes.

Quizás el panorama comience a cambiar de cara a las elecciones autonómicas que sin duda transformarán el panorama político a nivel nacional, y generará nuevas oportunidades de cambio. Aunque, lamentablemente, nada asegura que los casos de corrupción dejen de quedar impunes como hasta hoy sucede.

Anuncios
  1. Aún no hay comentarios.
  1. No trackbacks yet.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: