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Transición al empleo ¿estable? – Sobrecualificación versus empleabilidad


El drama que encubre el avance del desempleo en nuestro país, y que se agrava por la escasa capacidad técnica y política de nuestros gobernantes para activar el mercado laboral, es la limitada empleabilidad demostrada por una gran cantidad de trabajadores que se ven desvinculados de sus empresas o se ven afectados por EREs. Una vez que figuran en las listas del paro, cuentan con muy pocas herramientas para adaptarse a otros sectores y para asumir nuevas competencias profesionales.

Esta afirmación no es una idea nueva, tan siquiera pretende ser transgresora. Lo sabemos todos, sobre todos los profesionales y directores de RRHH, que conocemos, más que ningún otro sector, bajo qué parámetros se mueve actualmente el mercado laboral. Sin embargo, el debate se centra en las acciones concretas que se están aplicando para superar este problema, ya endémico, y que arrastramos  desde hace décadas sin que ningún gobierno haya podido atajar.

Para cambiar esta realidad y de paso frenar el avance del desempleo, el Ejecutivo, a través del Real Decreto –Ley 1/2011, del 11 de febrero, ha puesto en marcha “medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas”.

Sin profundizar demasiado en el despropósito lingüístico de la ‘transición al empleo estable’ y el tiempo de desfase con que llega este plan, resulta evidente el pésimo hábito adquirido por el Ejecutivo de sacar adelante todas sus estrategias políticas como Real Decreto, frenando así la facultad del Congreso de los Diputados de enmendar el texto legislativo.

Ante su puesta en marcha, cabe preguntarse: ¿cuánto tiempo nos llevará ver sus brotes verdes?, y sobre la empleabilidad, este plan ¿contempla los medios materiales necesarios para mejorar la empleabilidad de los parados, de los trabajadores y de los autónomos?, ¿promueve las actividades formativas o seguirá incentivando la contratación por bonificaciones?

Por la urgencia y la necesidad imperante de frenar el avance del desempleo, resulta natural enfocar la atención en los desempleados, sobre todo, en la empleabilidad de quienes superan los 45 años de edad y que han sido desvinculados de sus empresas. Sin embargo, desde el punto de vista del capital humano y de futuro, también sería importante prever un marco de protección más amplio para los jóvenes y futuros profesionales en el ámbito de su empleabilidad, ya que aunque hoy se encuentran en una etapa formativa y no entran oficialmente en las listas del paro, se encuentran ‘ad portas’ de formar parte de las listas y colas del INEM.

Las cifras de paro de profesionales cualificados respalda esta propuesta, considerando que desde que empezó la crisis (oficialmente el 2008 para el gobierno) la cifra de licenciados en el paro se ha duplicado, la ventaja salarial que tenían frente a los que sólo terminaban la secundaria se ha reducido, y cerca de la mitad se emplea en trabajos que no requieren sus estudios, según el informe Panorama de la Educación 2010 de la OCDE.

Por tanto, no hay que olvidar a los jóvenes que se integran al mercado laboral y continuar insistiendo en la precariedad de la contratación temporal, no es un buen comienzo. Debemos alejarlos de la sobrecualificación por falta de orientación y herramientas de inserción laboral y acercarlos a la empleabilidad bajo la realidad del mercado laboral a medio y largo plazo.

La carencia de formación práctica, en cuanto a procedimientos y habilidades, limita la empleabilidad. Y, en este sentido, los estudios de Bachillerato y de Formación Profesional llevan ventaja sobre las Universidades, planificando e incentivando sus estrategias formativas tomando en cuenta la investigación y la práctica como medios de aprendizaje.

Analizando el sistema de educación superior, nuestro sistema universitario se encuentra entre los mejores del panorama internacional, según la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), pero algo no llega a encajar. Su distanciamiento con las exigencias de la contingencia económica y laboral que vivimos sigue siendo abismal.

Actualmente, el país experimenta un exceso de oferta de licenciaturas y un descenso considerable de la población universitaria, ocasionando inevitablemente un desequilibrio sostenido entre la oferta y la demanda; desajuste que incluso pone en riesgo la continuidad de algunas universidades públicas por contar con un bajo índice de alumnado. Sin embargo, pese a esto, las universidades tampoco llegan a mantener una postura concreta sobre este tema y parece que observan el problema desde la distancia; incluso una parte importante del cuerpo docente afirma que desde las universidades han hecho todo lo necesario para adaptarse a las nuevas circunstancias, pero el problema pasa por la incapacidad del tejido empresarial y el sistema productivo de asimilar tanta cualificación.

¿Y qué hace falta para que las universidades estén en línea con el tejido productivo? Primero, voluntad para asumir una colaboración activa con las empresas y las pymes, comprendiendo en conjunto las exigencias del mercado económico y laboral. Asumir la responsabilidad social de facilitar a sus alumnos la información necesaria para que conozcan la actividad ocupacional de cada titulación; establecer nuevas parámetros de medición que valore la práctica sobre la memorización; y desarrollar estrategias formativas obligatorias orientadas a promover una mayor cultura de negocio e innovación, desarrollando habilidades directivas, y  ampliando sus posibilidades de emprender proyectos innovadores que generen empleo y aporten competitividad a la economía nacional.

Porque la cultura emprendedora no se puede incentivar desde la pasividad, ni menos desde el desempleo como algunos intentan hacer ver, convenciendo a los profesionales en paro a que agoten su prestación de desempleo en proyectos empresariales sabiendo que no cuentan con ninguna seguridad jurídica ni financiera.

La universidad forma parte integral y vertebrada de la sociedad y debería influir en las estrategias de generación de empleo y en la empleabilidad de sus alumnos. Por tanto, no debemos olvidar el análisis, la reflexión y el debate sobre su rol así como la urgente necesidad de reformar el sistema educativo, que muestra deficiencias estructurales desde la base, considerando que la educación primaria aún se encuentra anclada en la LOGSE y clama una intervención más allá del uso partidista y electoral que suele hacerse de ella.

La empleabilidad está estrechamente vinculada al conocimiento, y en ella convergen la movilidad laboral, el desarrollo económico y la competitividad del mercado productivo; pero ésta no se consigue de la noche a la mañana, sino que es un proceso que se inicia desde muy temprana edad y continua durante toda nuestra vida…; por tanto, no se puede adquirir a golpe de Ley.

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