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La letra pequeña del Diálogo Social…


El Gobierno quiere iniciar el año con buen pie siguiendo adelante con su estrategia reformista. Quiere definir cuanto antes la puesta en marcha de la reforma de las Pensiones, retomando el diálogo con los sindicatos, hasta ahora, sus principales detractores.

De esta forma quiere evitar un nuevo ‘decretazo’, sacando adelante esta reforma con consenso y como anteproyecto de Ley en el Consejo de Ministros; frenar los vientos de una nueva convocatoria de Huelga General; y responder a las exigencias que la UE y los organismos económicos internacionales han marcado para recuperar la credibilidad económica y política perdidas en estos últimos años. Sin embargo, a diferencia de otras oportunidades, este nuevo proceso cuenta con una fecha límite: el 28 de enero de 2011.

El Ejecutivo quiere alcanzar un consenso social antes de esta fecha para mantener el mayor apoyo parlamentario posible y a su vez, no contradecir las normas internacionales sobre Seguridad Social (ratificadas hace unos años por España), que contemplan la participación sindical en aquellas cuestiones que afecten a la calidad de vida o el bienestar general de los trabajadores.

Sin embargo, los sindicatos no comulgan con esta fecha ni están dispuestos a definir sólo lo concerniente a la reforma de pensiones. Pretenden retomar el debate reformista, incluyendo la estructura de la negociación colectiva y los cambios en la Reforma Laboral.

De momento, las conversaciones que han mantenido ambas partes no se han traducido en avances significativos, más que nada porque el Gobierno impone que  la jubilación sea obligatoria a los 67 años y los Sindicatos lo rechazan tajantemente.

Una barrera que, según apunta la prensa, el Ejecutivo quiere derribar inyectando nuevas subvenciones a la propia administración central, a las CCAA y los ayuntamientos, y ejecutando una nueva reforma en el sistema de financiación para los planes formativos de 2011 destinados a los funcionarios y los empleados públicos, donde las organizaciones, como CCOO y UGT, que darán cursos de formación en 2011 no tendrán que presentar “justificación documental” de los gastos corrientes (agua, gas, electricidad, mensajería, teléfono, material de oficina, vigilancia o limpieza, entre otros).

Una estrategia que llevaría a los sindicatos a suavizar su postura y a creer, a su manera, que cualquier reforma se puede sacar adelante desde una visión social sin perjudicar sus intereses; que en nada parecen coincidir con los intereses de sus representados.

En este contexto es difícil imaginar una solución sostenible para pactar una reforma de las pensiones, sobre todo, cuando los representantes sindicales no muestran voluntad alguna de negociación más allá de los propias convicciones.

No hay duda de que la reforma del sistema de pensiones es inevitable. Pero la urgencia con que se quiere poner en marcha no justifica que se construya en base a proyecciones parciales, a golpe de talonario, o a decisiones exclusivamente partidistas. Más aun cuando su aplicación pasa de puntillas por los bolsillos de los altos cargo públicos (senadores, diputados, fiscales, consejeros, entre otros) y no vincula su efectividad al desarrollo de medidas que garanticen la generación de empleo.

A su vez, como un diálogo entre sordos, pareciera que el debate entre los agentes sociales sobre la solvencia y el futuro del sistema de pensiones, girara sólo alrededor de la ampliación de la edad de jubilación, cuando entre los puntos más conflictivos se encuentra la falta de conceso ante el establecimiento de un mercado laboral equilibrado y de políticas urgentes de empleo que permitan, como mínimo, mantener el número de cotizantes (sobre todo reincorporando a los casi 4 millones y medio de españoles en paro) y mejorar la cantidad de las cotizaciones.

Una reforma justa y equitativa debería considerar la ampliación de la esperanza de vida de los trabajadores y a su vez asumir la transformación del sistema laboral que actualmente cobija a diferentes actividades productivas y que ofrecen garantías laborales desiguales. Asimismo, debería fijar las pensiones de una forma más equitativa para el trabajador, no sólo desde el punto de vista de la ampliación de los años para el cálculo de pensiones, sino desde la consideración tanto de los mejores años cotizados como de los peores. Principalmente en el caso de las mujeres, quienes ante la exigencia de un periodo mínimo de cotización más alto, tienen más dificultades de cobrar la prestación completa, ya que habitualmente utilizan años de excedencia durante su vida laboral.

De igual forma, alcanzar la independencia de los mercados financieros sobre el sistema de pensiones requiere impulsar medidas que promuevan el acceso de los jóvenes y de las mujeres al mercado laboral. A su vez, implica desarrollar medidas de captación y recuperación de aquellos profesionales españoles, altamente cualificados, que han decidido trabajar en el extranjero por la falta de oportunidades laborales y personales en España. Actualmente, más de 1,3 millones de españoles residen en el extranjero, de los que 120.000 se han marchado desde que comenzó la crisis; muchos de ellos jóvenes expertos de entre 25 y 35 años que, además de la práctica de la medicina o la biología, proceden de áreas tan dispares como las ingenierías, la arquitectura o la informática. Una fuerza productiva que de no cambiar las cosas, en pocos años, perderemos de forma definitiva.

Por esta razón, debemos orientar nuestros esfuerzos en reconstruir nuestro país recuperando el atractivo económico para los trabajadores nacionales y para el capital extranjero, cuya afluencia, como en el pasado, alejó todo riesgo de quiebra del sistema. Para ello, es necesario el consenso político y social, sin amenazas ni condiciones políticas a largo plazo, para establecer así nuevos criterios de trabajo que fomenten el empleo sin echar mano de la cultura del pelotazo ni del chorreo que tanto daño y corrupción han provocado y que son junto a la ineficacia gubernamental los verdaderos argumentos de la crisis de valores que además padecemos en nuestro país.

Para que tales objetivos sean una realidad, tenemos que recuperar la confianza en el futuro de las pensiones y controlar que cualquier reforma que se plantee cuente con un amplio debate y consenso social con visión de futuro y no desde los intereses de unos pocos y, a ser posible, a través también de un pacto de estado con la oposición. Principalmente porque no será justo que nuestros hijos paguen por los  pecados y las decisiones de sus gobernantes y representantes.

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