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Los fondos de financiación: la brecha que separa a las CCAA


Esta semana en la XLVI Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales se acordaron los fondos para poner en marcha y gestionar nuevas políticas activas para el fomento del empleo en las CCAA, en virtud de las competencias transferidas, lo que supone un incremento del 6,7% en comparación con la cantidad trasferida en 2008.

En estos fondos se incluye la financiación de diversos programas de empleo y formación que tienen por objeto mejorar las posibilidades de encontrar un trabajo  a los desempleados e incrementar la competitividad de los trabajadores en activo.

Los programas se organizarán en dos ejes para seguir la Estrategia Europea de Empleo, uno relativo al “Fomento del espíritu empresarial y mejora de la adaptabilidad de los trabajadores y de las empresas”, al que se destinan 610,7 millones, y otro al “Fomento de la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad entre hombres y mujeres”, con una dotación de 2.064,6 millones.

La mayoría de los consejeros de empleo de las CCAA se han mostrado, en principio, satisfechos con este aumento, pero no es menos cierto que también algunos, como el de Castilla y León, Tomás Villanueva, han criticado el reparto de fondos por no haber tomado en cuenta las características específicas de las CCAA, relacionadas con la extensión del territorio, la dispersión, la baja densidad de población y el alto número de municipios, entre otras.

En este sentido, al no tener en cuenta estos criterios se mantiene “la brecha” entre las CCAA y que algunas continúen determinando sus ‘necesidades’ de gasto muy por encima de sus ingresos, buscando que el Estado sea quien pague la diferencia.

Esta nueva distribución de los fondos entre las CCAA abre nuevamente sobre cómo, mientras la recaudación se está hundiendo en casi todas las comunidades,  éstas perciban más fondos durante esta crisis que cuando experimentaban épocas de bonanza.

Sería conveniente poner en tela de juicio lo que está haciendo el Estado Central incrementando sus recursos endeudándose de forma continua, cargando en nuestras espaldas los costes de esta decisión e hipotecando el empleo y la formación de nuestros hijos.

Lo importante sería alcanzar una financiación justa y eficiente, con una menor presión fiscal para los ciudadanos y con una mayor responsabilidad por parte de los políticos autonómicos que, si miraran en sentido de conjunto, verían que expoliar el futuro de sus ciudadanos no tiene nada que ver con la ética y la responsabilidad social.

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